La Legislatura  de  la Provincia de Tucumán, sanciona con
fuerza de 

                              
                            LEY:


   Artículo 1°.- Declárase   la   "Emergencia  en  Seguridad
Pública"   en la totalidad del territorio provincial, con el
objeto de  revertir la situación de peligro colectivo creada
por el delito complejo, el crimen organizado, y el avance de
los delitos  contra  la  propiedad, que afectan  a   nuestra
Provincia, por  el  término  de  dos (2) años a partir de la
publicación de  la presente Ley, la que podrá ser prorrogada
fundadamente por igual término.

   Se entiende,  a  los  efectos  de  la  presente Ley, como
"delito   complejo"   y  "crimen  organizado",  los  delitos
enumerados, de  manera  no  taxativa,  en el Artículo 1° del
Decreto Nacional N° 228/16 y su prórroga, a saber:

   1. Delitos  de  producción, tráfico y comercialización de
estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737;

   2. Delitos  de  contrabando  de  armas  y  contrabando de
estupefacientes previstos en la Ley N° 22.415;

   3. Delitos  relacionados   con  las  actividades  de  una
asociación ilícita  calificada  en los términos del Artículo
210 bis  del  Código  Penal  o  de  una  asociación  ilícita
terrorista en  los  términos  del  Artículo 41 quinquies del
Código Penal; 

   4. Delitos  cometidos por asociaciones ilícitas (Artículo
210   del     Código    Penal)   organizadas   para  cometer
delitos  por fines políticos o raciales;

   5. Delitos  de  fraude  contra  la Administración Pública
(Artículo 174, inciso 5°, del Código Penal);

   6. Delitos  contra la Administración Pública previstos en
los   Capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis del Título XI del
Libro Segundo del Código Penal;

   7. Delitos  de  prostitución  de  menores  y  pornografía
infantil, previstos  en los Artículos 125, 125 bis y 128 del
Código Penal; 

   8. Delitos  de  financiación del terrorismo (Artículo 306
del  Código Penal); 

   9. Delitos de extorsión (Artículo 168 del Código Penal);

   10. Delitos previstos en la Ley N° 24.769;

   11. Delitos de trata de personas (Ley N° 26.364).

   Art. 2°.- En  el  marco  de la Emergencia declarada en el
Artículo 1° de esta Ley, facúltase al Poder Ejecutivo, a:

   1. Transferir  empleados  de  la planta permanente de las
reparticiones que  componen    la    Administración  Pública
Provincial, y  sus    distintos  organismos,  a  comisarías,
dependencias o  reparticiones  policiales,  con finalidad de
realizar tareas  administrativas, desafectando a los agentes
policiales de  esta    labor   interna,  y  destinándolos  a
incrementar la  vigilancia  pública en las calles de nuestra
Provincia. 

   2. Convocar  al Personal Policial jubilado o en situación
de  retiro  activo,  que  no  hubiere  sido sancionado en el
ejercicio de  sus  funciones,  que no hubiere sido procesado
penalmente y  que  se  encuentre física y psíquicamente apto
para desempeñar  funciones de seguridad, a prestar servicios
en la  Policía  de  la  Provincia.  

   La presente disposición, deberá ser  reglamentada    por
el   Poder    Ejecutivo.  Las  transferencias de    personal
que  se autoricen por esta norma, en todos los casos deberán
revestir carácter  voluntario para el  personal  transferido
o   convocado    y  la prestación de servicios del  personal
jubilado   o    en  situación  de  retiro activo, deberá ser
acordemente remunerada. 

   Art. 3°.- Declárase la "Emergencia en Política Carcelaria
y  Policial",  en  la  totalidad  del territorio provincial,
por el término de dos (2) años a partir de la publicación de
la presente  Ley,  la que podrá ser  prorrogada fundadamente
por igual  término    para   posibilitar  el  logro  de  los
siguientes objetivos fundamentales:

   1. Adecuar, mejorar o ampliar la infraestructura edilicia
en  materia de servicio penitenciario y policial.

   2. Ampliar,  optimizar  y  capacitar los recursos humanos
disponibles en  el    servicio    Penitenciario  de  nuestra
Provincia. 

   Art. 4°.- Declárase   la    "Emergencia   en  Materia  de
Tratamiento   y  Recuperación  de  Adictos", en la totalidad
del territorio  provincial,    por  el  término  de  dos (2)
años a  partir  de   la  publicación  de la presente Ley, la
que podrá ser prorrogada  fundadamente  por  igual  término,
con  las finalidades de:

   1. Profundizar  y ampliar en el territorio provincial los
espacios    terapéuticos  destinados    a    la   recepción,
tratamiento y  rehabilitación  de  personas  adictas  en  la
Provincia. 

   2. Ampliar,  fortalecer    y   extender  los  ámbitos  de
ejecución   de  los Programas de Prevención de Adicciones en
la Provincia. 

   Art. 5°.-   Declárase  la "Emergencia en Seguridad Vial",
en  la    totalidad    del     territorio  Provincial por el
término de   dos  (2)  años a partir de la publicación de la
presente Ley,   la  que  podrá  ser prorrogada  fundadamente
por igual término. 

   Art. 6°.- Adhiérese   la    Provincia  de  Tucumán  a  la
Declaración   de  Emergencia  de  Seguridad  Pública  en  la
totalidad del  Territorio Nacional, dispuesta por el Decreto
N° 228/16 y su prórroga del Poder Ejecutivo Nacional, por el
plazo  determinado  en    el    mismo,  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la presente Ley.

   Art. 7°.- Créase  una  Comisión Especial de Seguimiento y
Control de las Distintas Acciones, Políticas y Programas que
se implementen  en    la   Provincia  en  el   marco  de  la
"Emergencia en  Seguridad    Pública",   la  "Emergencia  en
Política Carcelaria"  y    la   "Emergencia  en  Materia  de
Tratamiento y  Recuperación  de  Adictos"  declaradas por la
presente Ley. 

   La Comisión  Especial    tendrá   sede  en  la  Honorable
Legislatura  de la Provincia, y estará integrada por:

   1. Ocho  (8)    Legisladores   representantes  del  Poder
Legislativo. 

   2. Dos (2) representantes del Poder Ejecutivo.

   3. Dos (2) representantes del Poder Judicial.

   Facúltase al  Presidente  de  la  Honorable Legislatura a
invitar a la Justicia Federal con asiento en la Provincia de
Tucumán a integrar la Comisión con dos (2) representantes.

   Art. 8°.- La   Comisión    Especial   dictará  su  propio
reglamento  de funcionamiento, quedando facultada para:

   1. Diagnosticar el estado actual de situación en cuanto a
delito y violencia. 

   2. Delinear  recomendaciones    a    introducir   en  las
instituciones  responsables   de  la  seguridad  pública, en
sus normativas y en sus prácticas.

   3. Requerir  informes,    efectuar    las  observaciones,
propuestas      y       recomendaciones       que     estime
pertinentes   respecto    de        los      procedimientos,
contrataciones, convenios,  obras    y    acciones   que  se
implementen  en el marco de la presente Ley.

   4. Créase  un  Centro  de  Estadística en el ámbito de la
Comisión Especial  creada   por  la  presente  Ley,  con  el
objetivo de  elaborar    informes    estadísticos  enfocados
principalmente a la materia penal.

   5. Invitar  a    expertos    idóneos  y  con  experiencia
acreditada   en la materia de dentro o fuera del Estado para
colaborar en el cumplimiento de sus fines.

   Art. 9°.- En  el  marco  excepcional  de  la situación de
emergencia, el  Ministro  de  Gobierno, Justicia y Seguridad
de la  Provincia    o  la  persona  que  éste  designe y los
distintos actores  involucrados    en      el  desarrollo  y
planificación estratégica  de   las  políticas de gobierno y
acciones que  se implementen para  superar  las  condiciones
que sustentan  el  estado  de   emergencia,    deberán  cada
cuatro   (4)    meses,  realizar y  exponer ante la Comisión
Especial una  evaluación  pormenorizada  de  la situación de
seguridad en  la  Provincia  y efectuar las  recomendaciones
para   incorporar   al Plan de Trabajo Conjunto.  A    tales
fines   las   partes  relevarán información relativa a todas
las fuerzas  intervinientes,    que   comprenda  despliegues
operativos   de   efectivos, estado de las comunicaciones  y
logística, análisis  y    trazabilidad    del  Sistema  911,
sistemas  de  video   vigilancia  y elementos de prevención.
Asimismo   se    procederá  a  la evaluación de las áreas de
análisis e investigación criminal.

   Art. 10.- En  el  marco  de las situaciones de excepción,
que  habilitan  las  declaraciones  de  emergencia  regladas
por   esta  norma    y    mientras    dure  el   estado   de
emergencia, facúltase  al Ministerio de Gobierno, Justicia y
Seguridad, y  al  Ministerio   de  Desarrollo  Social  de la
Provincia a la adquisición de  bienes, recursos tecnológicos
y  provisión de servicios, que  sean necesarios para atender
las  situaciones  de emergencia  declaradas,  exceptuándolos
del procedimiento  de  licitación   pública,  cumplimentando
el previo  cotejo  de precios de  los   bienes,  recursos  e
insumos   adquiridos,  quedando  todas   las  operaciones  y
los   actos    de  gobierno  sujetos a  las  condiciones  de
transparencia de  la    gestión,   legalidad,      economía,
eficiencia   y   eficacia.    El  Poder  Ejecutivo    deberá
informar    cuatrimestralmente     a   la      Comisión   de
Hacienda  y   Presupuesto   de  la Honorable Legislatura, la
ejecución    presupuestaria   realizada    en   cumplimiento
de la presente Ley. 

   Art. 11.- Facúltase   al    Poder  Ejecutivo  a  celebrar
convenios   con  personas  físicas  o  jurídicas, públicas o
privadas,    provinciales,     nacionales    o  municipales,
especialmente el  Programa    Federal    de  Colaboración  y
Asistencia para  la  Seguridad,  previsto  en  el Decreto N°
1177/13 del  Ministerio  de  Seguridad  de  la Nación, a los
fines del cumplimiento de la presente Ley.

   Art. 12.- Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  a efectuar las
adecuaciones   presupuestarias   que demande la ejecución de
la presente Ley. 

   Art. 13.- Comuníquese. 
   Dada en  la  Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura
de la  Provincia  de  Tucumán,  a  los  once días del mes de
octubre del año dos mil diecisiete.