* CONSOLIDADA *


               CÓDIGO PROCESAL ADMINISTRATIVO

                           TÍTULO I
                   Disposiciones Generales

                          CAPÍTULO I
                         Competencia.

   Articulo 1º.-  El poder jurisdiccional de los órganos ju-
diciales del  fuero  contencioso  administrativo se ejercerá
dentro de los límites de la competencia atribuida por la Ley
Orgánica del Poder Judicial y leyes especiales, de acuerdo a
las disposiciones de este Código.

   Art.2º.- La  incompetencia  en  razón de la materia podrá
ser declarada  de  oficio,  en cualquier etapa del proceso y
sólo anulará la sentencia en caso de haberse dictado. Decla-
rada la  incompetencia,  se remitirán los autos, de oficio o
petición de  parte, al órgano judicial que se considere com-
petente, el  cual,  admitida  su  competencia  o resuelta la
cuestión acorde  a  las disposiciones pertinentes del Código
Procesal Civil  y Comercial, continuará su trámite o dictará
sentencia, según el caso.

                        CAPÍTULO II
           Facultades del Presidente del Tribunal

   Art.3º.- El  Presidente del Tribunal o el vocal que de a-
cuerdo a la ley deba reemplazarlo, a cuyo efecto no es nece-
sario decreto  ni  trámite  alguno,  ejerce la dirección del
proceso. A este fin tiene los poderes necesarios para reali-
zar todos  los actos tendientes a obtener la mayor celeridad
y economía en su desarrollo.
   Asimismo están facultados para limitar el número de litis
consortes, cuando  su cantidad pudiere afectar el normal de-
sarrollo del proceso.

   Art.4º.- Compete a los magistrados aludidos en el artícu-
lo anterior, mediante providencia simple y fundada, resolver
sobre medidas de aseguramiento de pruebas y cautelares. Ade-
más podrán, de oficio o a petición de parte, dentro del pla-
zo de  tres (3) días de dictadas, corregir, aclarar o suplir
cualquier error  material, concepto oscuro u omisión que pu-
dieren presentar las providencias que dictaren.
   Podrán igualmente,  por  su  propio  imperio, revocar sus
proveídos de  mero trámite, mientras no hayan sido consenti-
dos.

   Art.5º.- Para el cumplimiento de las decisiones que se a-
dopten en  ejercicio de las facultades previstas en este ca-
pítulo o  de  cualquier otra vinculada al proceso, el Presi-
dente del Tribunal o su sustituto legal podrá:
         1. Hacer uso de la fuerza  pública para retirar los
            expedientes y documentación que se vinculen a la
            causa, cualquiera fuere el lugar donde  ellos se
            encuentren.
         2. Aplicar al  reticente, sin perjuicio  de lo dis-
            puesto por el artículo  239 del Código Penal, u-
            na multa cuyo importe se graduará  conforme a la
            capacidad económica del sancionado  y demás cir-
            cunstancias referentes  al  grado de  su desobe-
            diencia, rebeldía o resistencia.
   Firme la  decisión, la misma constituirá título ejecutivo
y, a  los  fines de su ejecución y destino, es de aplicación
lo dispuesto por los dos (2) últimos parágrafos del artículo
43 del Código Procesal Civil y Comercial.


                        CAPÍTULO III
                 Las Partes en el Proceso

   Art.6º.- Son  hábiles para estar en proceso administrati-
vo, como  actor o demandado, todos aquellos que, conforme al
ordenamiento jurídico  y a las disposiciones de este código,
estén legitimados activa o pasivamente.

                       CAPÍTULO IV
                  Los Plazos Procesales

   Art.7º- Todos  los plazos fijados en este código son per-
entorios y su vencimiento impide realizar el acto que se de-
jó de  usar, sin necesidad de petición o declaración alguna,
debiendo proveerse  lo  que  corresponda según el estado del
proceso.
   Se exceptúan de lo dispuesto anteriormente aquellos casos
en que  las  partes,  por convenio escrito presentado en los
autos antes del vencimiento, dispusieran otra cosa con rela-
ción a actos procesales específicamente determinados.
   La suspensión  o  prórroga  nunca podrá ser mayor que los
plazos previstos en este código para la perención de la per-
tinente instancia.

   Art.8.- Todo traslado o vista que no tenga establecido un
plazo específico será de cinco (5) días. En los casos de ur-
gencia, podrá fijarse un plazo menor.

                         CAPÍTULO V
                  Caducidad de la Acción

   Art.9º.- Cuando  el  objeto del proceso sea la pretensión
tendiente a  la  restitución, en una situación jurídica-sub-
jetiva, cuya modificación o extinción, por la administración
pública, se  alega  ilegítima, su procedencia supone necesa-
riamente la  pretensión  de  nulidad del acto administrativo
pertinente. En  este  caso,  la  demanda deberá ser deducida
dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles ju-
diciales, computados  desde la notificación del acto expreso
que agote la instancia administrativa.
   En igual  plazo  operará  la  caducidad de la pretensión,
cuando ésta  tenga por finalidad la anulación de un acto ad-
ministrativo por quien invocare un interés legítimo.
   En el proceso sumario, la caducidad  de la acción se pro-
ducirá en el plazo de diez (10) días, a partir de la notifi-
cación del  acto  que  agota la instancia administrativa. De
configurarse el  supuesto  previsto en el artículo 13 último
parágrafo, el  plazo  se  computará desde la notificación de
los actos que menciona el artículo 62.
   Cuando en  virtud  de norma expresa, el supuesto previsto
en este  artículo deba incoarse por vía de recurso, el plazo
para deducirlo será de treinta (30) días hábiles judiciales,
computados de la misma forma.

   Art.10.- Salvo lo que corresponda en materia de prescrip-
ción, no  habrá plazo para que el particular accione por de-
manda o recurso, cuando:
         1.  El acto administrativo impugnado lesione un de-
             recho subjetivo  que se funde, principal o sus-
             tancialmente, en normas  jurídicas  de  derecho
             privado, aunque ese  derecho estuviere  también
             regulado por normas de derecho administrativo.
         2.  Se pretenda  únicamente el resarcimiento de da-
             ños y  perjuicios, dejando  subsistente el acto
             administrativo  ilegítimo. En este supuesto, no
             será  requisito de admisibilidad  de la preten-
             sión indemnizatoria  la impugnación  recursiva,
             en sede administrativa, del acto viciado, gene-
             rador de los perjuicios que se aleguen.
         3.  Se demandare  indemnización por daños y perjui-
             cios causados  por actividad legítima de la ad-
             ministración.
         4.  Se configure el silencio con sentido desestima-
             torio, por haber transcurrido el plazo previsto
             por el  artículo 21  de la  Constitución  de la
             Provincia, respecto  de peticiones  fundadas en
             derecho, recursos o reclamos del particular.
         5.  Se tratare  de algunos de los supuestos previs-
             tos en  el artículo 13 de este  código o cuando
             el acto  administrativo  estuviere  afectado de
             vicio  que lo haga contrario al orden público o
             a las buenas costumbres.

   Art.11.- No habrá plazo para accionar en los casos en que
la administración  pública,  centralizada o descentralizada,
fuere actora, sin perjuicio de lo que corresponda en materia
de prescripción.

                         CAPÍTULO VI
                Habilitación de la Instancia

   Art.12.- El  ejercicio,  por los particulares, de las ac-
ciones reguladas  por este código requiere el agotamiento de
la instancia administrativa por las vías previstas en la Ley
de Procedimiento Administrativo y demás leyes especiales. No
podrán articularse en sede judicial pretensiones no plantea-
das en  sede  administrativa,  pero  podrán deducirse las no
planteadas y resueltas o las planteadas y no resueltas.

   Art.13.- Se  exceptúan de lo dispuesto en el artículo an-
terior aquellos casos  en que el particular pretenda, frente
a la administración pública, centralizada o descentralizada:
         1. Repetir  judicialmente  lo  pagado, cuando  este
            pago se haya efectuado a requerimiento de la ad-
            ministración, luego  de agotada la  vía adminis-
            trativa de determinación.
         2. Únicamente daños y perjuicios causados por actos
            o hechos administrativos, legítimos  o  ilegíti-
            mos, si el monto de la indemnización no estuvie-
            re determinado en norma legal o reglamentaria.
         3. La anulación  de  un acto  administrativo, si la
            pretensión se fundare exclusivamente  en la ale-
            gación de inconstitucionalidad  del precepto le-
            gal que aplica aquel acto.
         4. Iniciar juicio que sea promovido como consecuen-
            cia de otro anterior en el que actuó como deman-
            dado de la misma  administración, centralizada o
            descentralizada.
         5. Hacer cesar un hecho  administrativo cuya ilegi-
            timidad alega.
   Asimismo no  se requerirá agotar la instancia administra-
tiva, cuando  mediare una clara e indubitable conducta de la
administración pública,  centralizada o descentralizada, que
haga presumir  la  ineficacia  cierta del procedimiento y en
cualquier otro supuesto que, en razón de las circunstancias,
la reclamación  previa  resulte  inidónea  para preservar el
derecho subjetivo o el interés legítimo que se alega concul-
cado.

                        CAPÍTULO VII
                 Perención de la Instancia

   Art.14.- La  perención  de la instancia se operará, si no
se insta el curso del proceso, en los siguientes plazos:
         1. Ciento veinte (120) días hábiles  judiciales, en
            a instancia principal.
         2. Sesenta (60) días hábiles judiciales, en los in-
            cidentes  y en los procesos especiales previstos
            en este código.
         3. En el tiempo en que  se opere la prescripción de
            la acción, cuando este plazo  fuere menor que el
            de los incisos anteriores.
   Los plazos previstos precedentemente se computarán a par-
tir de  la última petición de las partes o acto jurisdiccio-
nal que  tenga por efecto impulsar el procedimiento. En caso
de duda, se entenderá que aquellos son impulsivos.

   Art.15.- La  instancia se abre con la promoción de la de-
manda o  del incidente, aunque no hubiere sido notificada la
providencia que  dispone  sus respectivos traslados. En todo
lo demás  serán  de aplicación supletoria, en lo pertinente,
las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial.

                           TÍTULO II
                  PROCESOS DE CONSERVACIÓN

                          CAPÍTULO I
                  Aseguramiento de Pruebas

   Art.16.- Además  de  las referidas en el artículo 213 del
Código Procesal  Civil  y  Comercial, los que sean o vayan a
ser partes  de  un proceso de conocimiento podrán solicitar,
como aseguramiento  de  prueba,  la remisión de expedientes,
actuaciones administrativas,  o  documentación  que pudieren
desaparecer, destruirse  o  incinerarse. Sin perjuicio de lo
normado por  los artículos 214 y 215 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial, el proveído de presidencia que deniegue las
pretensiones será  susceptible de revocatoria ante el Tribu-
nal.

   Art.17.- Las  pruebas  se  practicarán con citación de la
parte contra  la  cual haya de hacerse valer y además se ci-
tará, cuando ésta fuere:
         1. La Provincia, al Fiscal de Estado, que podrá ha-
            cerse representar, mediante resolución  expresa,
            por un letrado integrante del  cuerpo provincial
            de abogados.
         2. Un ente descentralizado, al  jefe del pertinente
            servicio jurídico, quien  también podrá  hacerse
            representar,   mediante  resolución expresa, por
            abogados dependientes de ese servicio.
   Cuando la  parte  fuere  un particular, cuyo domicilio se
desconociere o estuviere fuera de la Provincia, la prueba se
practicará con citación del Defensor de Ausentes.

                        CAPÍTULO II
                   Medidas Cautelares

                        Sección 1
                     Reglas Comunes

   Art.18.- Sin  perjuicio  de las disposiciones pertinentes
del Código  Procesal Civil y Comercial, las medidas cautela-
res dispuestas  por órgano judicial incompetente en razón de
la materia,  podrán ser revisadas, de oficio o a petición de
parte, por el Tribunal.

   Art.19.- La  providencia  que admita o rechace una medida
cautelar será  susceptible de recurso de revocatoria ante el
Tribunal.

                          Sección 2
   Suspensión de  Ejecutoriedad y otras Medidas Cautelares

   Art.20.- Las partes podrán solicitar juntamente o antes o
con posterioridad a la interposición de la acción o recurso,
la suspensión  de la ejecutoriedad de un acto administrativo
o de la ejecución de un contrato administrativo.

   Art.21.- La suspensión de ejecutoriedad procederá cuando:
         1. Fuere solicitada  por la administración pública,
            centralizada o  descentralizada, previa declara-
            ción de lesivo al interés público, de un  acto o
            contrato administrativo y cuya anulación preten-
            da.
         2. La ejecución  o cumplimiento  causare  o pudiere
            causar grave daño al particular, siempre  que de
            ello no resulte un grave perjuicio para el inte-
            rés público.
         3. El acto o contrato  aparejare una ilegalidad ma-
            nifiesta.

   Art.22.- La suspensión de ejecutoriedad, peticionada como
medida cautelar  judicial,  pendiente  de  agotamiento de la
instancia administrativa,  únicamente  será admisible cuando
el particular  acredite  haberla solicitado ante la adminis-
tración pública  y haber sido denegada expresamente o cuando
ésta no  se  hubiere  expedido dentro del plazo de diez (10)
días de impetrada y siempre que acredite los requisitos exi-
gidos por el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo. Sin  embargo,  cuando  la  autoridad administrativa
competente asuma comportamientos que hagan presumir, en for-
ma inequívoca,  que  pondrá  en ejecución el acto o contrato
administrativo, no  será necesario haber peticionado la sus-
pensión de ejecutoriedad en sede administrativa.

   Art.23.- No procederá la suspensión de ejecutoriedad res-
pecto a actos administrativos que tengan por objeto:
         1. La clausura, demolición o  destrucción  de loca-
            les, construcciones, casas o  instalaciones, por
            razones  de  seguridad, salubridad, moralidad  o
            higiene pública y  que se fundamente en dictamen
            técnico y jurídico de órgano competente.
         2. La cesantía o  exoneración de  agentes públicos,
            dispuesta con observancia del derecho de defensa
            del afectado.
         3. Preservar el orden público o la seguridad de las
            personas o derechos de los habitantes.
         4. La auto-tutela  de bienes del dominio público.
         5. El decomiso o  destrucción de  cosas  muebles  o
            sustancias  que, de acuerdo  a informe de órgano
            competente, impliquen un peligro para la salud o
            moral de la población.
   Asimismo, en  todos  aquellos  supuestos en que las leyes
autoricen una  ejecución  coactiva  de  acto administrativo,
dictado en ejercicio de facultades de policía sobre las per-
sonas o bienes.

   Art. 24.-  Si  se  dispusiera la suspensión, se fijará la
naturaleza y modo de la fianza que deberá rendir el peticio-
nante.

   Art. 25.- En cualquier estado de la causa, se podrá soli-
citar, por vía incidental, se deje sin efecto la suspensión,
alegando que  la  misma produce un grave daño al interés pú-
blico o  que éste impone el urgente cumplimiento de la deci-
sión.
   En este  supuesto,  el  Tribunal, previa evaluación de lo
solicitado, resolverá sobre el levantamiento o mantenimiento
de la suspensión, mediante auto fundado.
   En el caso  de que se resuelva el levantamiento de la me-
dida, en el mismo auto se declarará a cargo del peticionante
la responsabilidad  por  los daños y perjuicios que produzca
la ejecución del acto, para el supuesto que la demanda pros-
perara en su contra.

   Art.26.- La  suspensión de ejecutoriedad ordenada en vir-
tud de  lo  dispuesto  por el artículo 22, caducará de pleno
derecho cuando recaiga acto administrativo expreso que agote
la instancia administrativa.
   En los demás casos, en que la suspensión de ejecutoriedad
hubiere sido ordenada antes de la interposición de la deman-
da o del recurso, aquélla caducará de pleno derecho si éstos
no son  deducidos dentro del plazo de quince (15) días, con-
tados a partir del cumplimiento de la suspensión.

   Art.27.- Además  de  la  suspensión de ejecutoriedad, las
partes podrán solicitar cualesquiera de las medidas cautela-
res previstas  en el Código Procesal Civil y Comercial, con-
forme a los requisitos genéricos y específicos allí estable-
cidos.

                         TÍTULO III
                     PROCESO ORDINARIO

                         CAPTULO I
                        La Demanda

   Art.28.- La  demanda  deberá deducirse por escrito, ajus-
tándose a  lo  dispuesto por el artículo 12 último párrafo y
contendrá:
         1. Nombre y apellido, domicilio real o legal, según
            corresponda, el constituido  y demás condiciones
            personales del demandante.
         2. Nombre y apellido, domicilio  y condiciones per-
            sonales del demandado, si se conociera.
         3. La individualización y contenido de la actividad
            que se impugna  indicando, cuando  el demandante
            fuere un particular, la  lesión del derecho sub-
            jetivo o del interés legítimo.
         4. Los hechos en que  se funda, explicados con cla-
            ridad y precisión y el derecho expuesto sucinta-
            mente.
         5. Las peticiones, en términos claros y precisos.

   Art.29.- Con la demanda deberá acompañarse:
         1. El instrumento  justificativo de  la representa-
            ción invocada.
         2. Toda la prueba documental que estuviere en poder
            del demandante, incluidos los expedientes direc-
            tamente relacionados con las pretensiones deman-
            dadas. Si no la tuviere, la  individualizará de-
            bidamente, indicando su contenido, el  lugar, la
            persona que la posea, requiriendo su remisión.
            Cuando la administración  pública  demandare por
            lesividad, acompañará además copia auténtica del
            acto administrativo que declare aquélla y ordene
            el inicio de la acción.
         3. Las copias para traslado. Cuando  fueren numero-
            sas, podrá ser eximido de su presentación, si a-
            sí lo solicitare.

   Art.30.- No  ajustándose  la demanda a los requisitos del
artículo 28,  el  Presidente  del  Tribunal dispondrá que se
subsanen los  defectos que contenga o que se llenen las omi-
siones dentro  del plazo que determine, que no podrá exceder
de cinco  (5)  días,  bajo  apercibimiento de tenerla por no
presentada y ordenar su archivo.

   Art.31.- Cuando  la  demanda  fuera promovida frente a un
órgano estatal que en virtud del ordenamiento jurídico care-
ce de  capacidad  procesal, el Tribunal, de oficio y sin más
trámite, resolverá el archivo de las actuaciones.

   Art.32.- Presentada  la demanda en forma o subsanados los
defectos que se indican en el artículo 30, se requerirán los
expedientes administrativos directamente relacionados con la
acción. Estos  deberán ser remitidos dentro de los diez (10)
días de la recepción de la requisitoria.

   Art.33.- Cumplido lo previsto en el artículo anterior, se
dispondrá el traslado al demandado para que comparezca a es-
tar a derecho y la conteste, dentro del plazo de veinte (20)
días. Si  los demandados fueran más de uno (1), el plazo co-
rrerá individualmente, a partir de la notificación pertinen-
te.

   Art.34.-La demanda se notificará:
         1. Al Poder Ejecutivo, cuando se promueva contra la
            Provincia.
            Si la demanda  se motivare por  una actuación a-
            tribuida al Poder  Legislativo o  al Poder Judi-
            cial, deberá  notificarse, además, al Presidente
            Subrogante de la Legislatura o  al Presidente de
            la Corte Suprema de Justicia, según corresponda,
            quienes, en  ejercicio  de sus  representaciones
            legales, podrán actuar en el proceso como inter-
            vinientes adhesivos  simples, conforme a lo dis-
            puesto por el artículo 86  primer  parágrafo del
            Código Procesal Civil y Comercial.
         2. A la persona que lo  represente, de acuerdo a su
            carta orgánica, si se promoviere contra  un ente
            descentralizado.
         3. Al Intendente, cuando se dedujere contra una mu-
            nicipalidad.

                          CAPÍTULO II
                       Las Excepciones

   Art.35.- Dentro  de los primeros diez (10) días para con-
testar la  demanda, el demandado podrá oponer, además de las
previstas en  el  Código Procesal Civil y Comercial, las si-
guientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:
         1. Falta de habilitación  de la instancia judicial,
            por no agotamiento de la instancia administrati-
            va.
         2. Caducidad, por haber sido interpuesta vencido el
            plazo legal.
         3. Prescripción, si se optare por interponerla como
            defensa previa, sin  perjuicio de  lo  dispuesto
            por el Código Civil.

   Art. 36.-  Las  excepciones previas se tramitarán por las
reglas que se establecen para los incidentes.

   Art. 37.-  La admisión de las excepciones contempladas en
el artículo 35, tendrá los siguientes efectos:
          1. En la de falta de  habilitación de la instancia
             judicial, por no  agotamiento  de la  instancia
             administrativa, se  otorgará un plazo de cuatro
             (4) meses para subsanarla, bajo  apercibimiento
             de proceder al archivo de las actuaciones.
          2. En la de los  incisos 2. y 3., el rechazo de la
             demanda.

                         CAPÍTULO III
            Contestación de la Demanda - Reconvención

   Art. 38.-  La demanda deberá contestarse dentro del plazo
indicado en el artículo 33. Si se hubieren opuesto excepcio-
nes previas,  resueltas las mismas o cumplidas la exigencias
inherentes a  sus  efectos, deberá contestarse dentro de los
diez (10) días, contados desde la notificación de la reaper-
tura del término al demandado.

   Art. 39.-  La contestación de la demanda se efectuará por
escrito y  deberá  cumplir, en lo pertinente, los requisitos
exigidos por el artículo 28.
   En esta oportunidad, la demandada deberá reconocer o des-
conocer categóricamente  cada uno de los hechos expuestos en
el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que
se le  atribuyan y la recepción de las cartas o telegramas a
ella remitidos, cuyas copias se hayan entregado con el tras-
lado. Su  silencio, sus respuestas ambiguas o evasivas, o la
negativa meramente  general, podrán estimarse como reconoci-
miento de  la verdad de esos hechos, y respecto de los docu-
mentos, se tendrá a estos por auténticos.
   Siendo el  demandado sucesor universal de quien intervino
en los  hechos  o firmó los documentos, puede manifestar que
ignora los unos o la autenticidad de los otros.
   Debe especificar con claridad los hechos y el derecho que
invoque como  fundamento  de  su  defensa, pudiendo alegarse
también argumentos  que no se hubieren expresado en la moti-
vación del acto administrativo impugnado, cuando se relacio-
nen con lo resuelto en él.

   Art.40.- Con  el escrito de demanda deberá acompañarse la
documentación referida  en el artículo 29. De los instrumen-
tos que  se atribuyan al actor, se le dará traslado por tres
(3) días, bajo apercibimiento de tenerlos por auténticos.

   Art.41.- En  la  contestación, la parte demandada opondrá
todas las  defensas  o excepciones de fondo que tuviere, co-
rriéndose traslado a la contraparte por cinco (5) días y re-
servándose pronunciamiento para definitiva.
   Pero deberán ser resueltas con carácter previo y, en caso
de resultar procedente, disponerse el rechazo de la demanda,
si se tratare de las siguientes defensas:
         1. Prescripción, cuando la  cuestión  fuere de puro
            derecho.
         2. Falta de  legitimación  para obrar  en el actor,
            por haber quedado firme el  acto  administrativo
            que se  impugna, salvo que la firmeza obedeciere
            a la caducidad de la acción.
         3. Falta de legitimación para  obrar en el demanda-
            do, cuando fuere  manifiesta, sin  perjuicio, en
            caso de no concurrir esta última  circunstancia,
            de que el Tribunal  la considere en la sentencia
            definitiva.

   Art.42.- En  el mismo escrito de contestación de demanda,
podrá el  demandado deducir reconvención, siempre que la ac-
ción esté  vinculada con la cuestión que se plantea en aqué-
lla y  que  el Tribunal no fuere incompetente en razón de la
materia. La  reconvención  tendrá  las mismas exigencias que
para la demanda prevén los artículos 28 y 29.
   De la  reconvención  se  correrá traslado al actor por el
plazo de  veinte  (20) días y se tramitará conjuntamente con
la causa principal, resolviéndose en una misma sentencia.

   Art.43.- Si  después de contestada la demanda o la recon-
vención, sobreviniese algún hecho nuevo con influencia sobre
el derecho  invocado  por las partes, podrán alegarlo y pro-
barlo hasta  que  quede  firme  el llamamiento de autos para
sentencia.

   Art.44.- Contestada la demanda o reconvención en su caso,
si la cuestión fuere de puro derecho o no mediare el supues-
to del artículo 45, el Tribunal así lo resolverá y conferirá
traslado por su orden, con lo que la causa quedará concluida
para definitiva.
   Asimismo, cualquiera  de  las partes podrá peticionar que
la causa  se  declare de puro derecho y, previo traslado con
calidad de  autos, el Tribunal resolverá lo que fuere proce-
dente.

                        CAPÍTULO IV
                         La Prueba

   Art.45.- Siempre  que se hayan alegado hechos conducentes
acerca de  los  cuales no hubiese conformidad entre las par-
tes, deberá  recibirse la causa a prueba, previa petición de
cualquiera de  ellas.
   La providencia será susceptible de recurso de revocatoria
ante el Tribunal.

   Art.46.- Si dentro del quinto día de quedar firme la pro-
videncia de apertura a prueba, todas las partes manifestaren
que no  tienen  ninguna a producir o que  la prueba consiste
únicamente en  las  constancias del expediente o en la docu-
mental ya  agregada y no cuestionada, previo traslado por su
orden, se llamará autos para sentencia.

   Art.47.- Todo  lo concerniente al régimen normativo de la
prueba, que no hubiere sido objeto de disposición específica
en el  presente capítulo, se regirá por las pertinentes nor-
mas del Código Procesal Civil y Comercial.

   Art.48.- Todas  las  diligencias relativas a la prueba se
sustanciarán ante  el  Presidente,  a quien compete, además,
proveer sobre  su  admisión y trámite de la producción de a-
quélla. Únicamente  será  susceptible de revocatoria ante el
Tribunal el  proveído  que  rechace  la admisión de un medio
probatorio.

   Art.49.- El  plazo de prueba será común y comenzará a co-
rrer desde  que quede firme el proveído que dispuso la aper-
tura a  prueba  o una vez resuelto el recurso de revocatoria
previsto en el artículo 45.

   Art.50.- No  es  admisible la absolución de posiciones de
los órganos  de  la  administración  pública, centralizada o
descentralizada, en las personas de los funcionarios o agen-
tes que  lo integran o hayan integrado, sin que ello obste a
que puedan ser citados como testigos.

   Art. 51.-  Las actuaciones cumplidas por los funcionarios
públicos en  ejercicio de sus funciones hacen plena fe de su
contenido, hasta tanto no se pruebe lo contrario.

   Art.52.- No  será  causal de recusación de perito la cir-
cunstancia de que sea agente público, salvo que se encontra-
re bajo  dependencia  jerárquica directa de la entidad esta-
tal, parte en el proceso, o que la incompatibilidad surja de
norma expresa.

                          CAPÍTULO V
             Conclusión de la Causa para Definitiva

   Art.53.- Dentro de los cinco (5) días de vencido el plazo
probatorio y sin necesidad de petición de parte, el Secreta-
rio agregará  las  pruebas producidas en este orden: las del
actor y las del demandado.

   Art.54.- Agregadas las pruebas, se pondrán los autos para
alegar, lo que será notificado en forma personal. Primero se
notificará al  actor y luego al demandado. Cada parte conta-
rá, individualmente,  con seis (6) días para presentar su a-
legato, para  lo cual podrán retirar el expediente de Secre-
taría.

   Art.55.- Presentados los alegatos o vencidos los términos
para hacerlo  y  una  vez oído el Ministerio Público u otros
funcionarios, si correspondiere, se llamarán autos para sen-
tencia, con lo que quedará cerrado el debate y las partes no
podrán presentar  escritos,  hacer  alegaciones,  ni aportar
nuevas pruebas,  salvo  el ejercicio del derecho previsto en
el último  parágrafo del artículo 49 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial.

   Art.56.- Cerrada  la  causa  para las partes, el Tribunal
podrá disponer,  en  uso de las facultades que le acuerda el
artículo 39 del Código Procesal Civil y Comercial, cualquier
medida considerada  necesaria para mejor proveer. El cumpli-
miento de  estas  medidas suspende el plazo para dictar sen-
tencia.

   Art.57.- La  sentencia  deberá  ser dictada dentro de los
noventa (90) días de que quede firme la providencia de autos
y deberá contener todos los requisitos formales y sustancia-
les exigidos  por  el  artículo  30 de la Constitución de la
Provincia y  artículo 265 del Código Procesal Civil y Comer-
cial.
   En procesos  interadministrativos no habrá condenación en
costas.

   Art.58.- Pronunciada  y notificada la sentencia, concluye
la competencia del Tribunal respecto a la cuestión decidida,
pero de oficio podrá corregir, aclarar o suplir cualquier e-
rror material,  concepto  oscuro  u omisión, hasta dentro de
los tres (3) días de practicada la primera notificación.
   Sin embargo,  los  errores puramente numéricos podrán ser
corregidos aún durante la ejecución de la sentencia.

                        CAPÍTULO VI
           Otros Modos de Terminación del Proceso

   Art.59.- Rigen  para el proceso ordinario las disposicio-
nes que sobre desistimiento, transacción y conciliación con-
tiene el Código Procesal Civil y Comercial.

   Art.60.- La parte demandada podrá allanarse a la demanda,
en cualquier  estado de la causa anterior a la sentencia, en
modo total  o parcial y, en este último supuesto, objetivo o
subjetivo.
   El Tribunal dictará sentencia conforme a derecho, pero si
el allanamiento se supedita a condiciones o reservas o estu-
viere comprometido  el  orden  público, carecerá de efecto y
continuará el proceso según su estado.

   Art.61.- Los representantes de la administración pública,
centralizada o  descentralizada,  deberán, para ejercer efi-
cazmente cualesquiera  de  los actos procesales regulados en
este capítulo, estar expresamente autorizados por la autori-
dad competente,  agregándose a los autos testimonio del acto
administrativo respectivo.

                          TÍTULO IV
                    PROCESOS ESPECIALES

                         CAPÍTULO I
                      Proceso Sumario

    Art. 62.- Se tramitará, por las reglas de este capítulo,
el proceso  que  tenga por objeto la pretensión de anulación
del acto  administrativo que concluye un procedimiento lici-
tatorio, de  concurso o de cualquier otro de selección, o de
actuaciones cumplidas  dentro de los mismos, que causen gra-
vamen irreparable,  o vicien de nulidad absoluta el procedi-
miento, cuando  el  demandante invoque un interés legítimo y
siempre que  las pruebas a producirse se limiten, exclusiva-
mente, a lo previsto en el artículo 67.

   Art. 63.-  La demanda, que deberá cumplir con lo previsto
en los  artículos  28 y 29, se notificará conforme a lo dis-
puesto por el artículo 34.

   Art. 64.-  La  demanda  se contestará dentro del plazo de
diez (10) días, cumpliéndose en lo pertinente los requisitos
exigidos por el artículo 28.
   En esa  oportunidad,  deberán  oponerse las excepciones y
defensas previstas  por  los  artículos 35 y 41, y acompañar
con el  escrito de responde, la documentación referida en el
artículo 29, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 5°  inciso 1., en el supuesto de falta de comparecencia
o de  no  presentar, ante el Tribunal, las actuaciones admi-
nistrativas directamente  relacionadas con la pretensión ob-
jeto de este proceso.

   Art. 65.-  Si se hubieren opuesto excepciones o defensas,
se correrá traslado a la demandante por el plazo de tres (3)
días, reservándose pronunciamiento para definitiva.

   Art. 66.-  No  es  procedente la declaración en rebeldía,
sin perjuicio  de  que,  no apersonada la contraparte, se la
seguirá notificando en su domicilio legal.

    Art. 67.-  En este proceso es de aplicación lo dispuesto
por los artículos 59 y 60 de este Código.
   No se  admite  sustanciación de prueba alguna, con excep-
ción de  la contenida e incorporada en las actuaciones admi-
nistrativas directamente  relacionadas con la pretensión ob-
jeto del  proceso  y de las documentales acompañadas con los
escritos de demanda y de responde.

   Art. 68.-  Contestada  la demanda o vencido el plazo para
hacerlo o,  en su caso, contestadas las excepciones o defen-
sas, se agregarán las pruebas, llamándose autos para senten-
cia, la  que  deberá pronunciarse en el plazo de quince (15)
días.

   Art. 69.-  En  la sentencia se resolverán todas las cues-
tiones, inclusive  las  excepciones  previas, pronunciándose
sobre la fundabilidad de la pretensión, si correspondiere.
Firme la  misma,  por Presidencia se remitirán, sin más trá-
mite, las  actuaciones administrativas a su origen, a fin de
que se proceda conforme a lo decidido.


                          CAPÍTULO II
            Recursos Contenidos en Leyes Especiales

   Art. 70.- Cuando el Tribunal sea el competente para cono-
cer de los recursos previstos en leyes especiales contra de-
cisiones de  índole  administrativa,  emanadas de organismos
provinciales, municipales,  o entes no estatales que ejerzan
prerrogativas de  derecho  público,  se sustanciarán por las
disposiciones previstas en este capítulo.

   Art. 71.- En el plazo pertinente, el recurso, debidamente
fundamentado, deberá  ser  interpuesto ante el Tribunal, con
las correspondientes copias para traslado.
   Recibido el mismo y previo dictamen sobre la competencia,
se citará y se correrá traslado a la entidad emisora del ac-
to recurrido,  por el plazo de nueve (9) días, requiriéndole
que dentro  de igual término remita las actuaciones vincula-
das directamente  a  la resolución impugnada, bajo apercibi-
miento de  lo dispuesto por el artículo 5° inciso 1. de este
Código.
   Recibido el  expediente, si no se contestare el traslado,
o en su caso no existieren hechos contradichos, la causa pa-
sará sin más trámite a resolución.

   Art. 72.- Contestado el traslado y si existen hechos con-
tradichos, se recibirá la causa a prueba por un plazo no ma-
yor a veinte (20) días.
   Sustanciada que fuere, las partes podrán alegar sobre  su
mérito en  el  plazo  de tres (3) días para cada una, por su
orden, no pudiendo retirar los autos de la oficina.

   Art. 73.-  Presentados  los alegatos o vencido el término
para hacerlo,  se  llamarán autos para sentencia, con lo que
quedará concluida  la instancia, no pudiendo las partes pre-
sentar más escritos.


                           TÍTULO V
                       DE LOS RECURSOS

                          CAPÍTULO I
                   Recurso de Aclaratoria

   Art. 74.- A pedido de parte, formulado dentro de los tres
(3) días de la notificación y sin sustanciación, el Tribunal
podrá corregir o aclarar cualquier error material o concepto
oscuro; asimismo,  suplir  cualquier  omisión en que hubiere
incurrido sobre  alguna de las pretensiones deducidas y con-
trovertidas en  el  litigio.  La resolución se dictará en el
plazo de tres (3) días.

                         CAPÍTULO II
                   Recurso de Revocatoria

   Art. 75.-  El recurso de revocatoria por ante el Tribunal
será admisible  únicamente  contra las providencias dictadas
por el Presidente.

   Art. 76.-  Se  interpondrá por escrito, dentro del tercer
día de notificada la providencia que lo motiva, debiendo ser
fundado. Cuando  se  tratare  de resoluciones dictadas en el
curso de una audiencia, su interposición será verbal y en el
mismo acto.  Si el recurso no llevare fundamentación o fuere
manifiestamente inadmisible, será desestimado sin más trámi-
te.

   Art. 77.- El Tribunal dictará resolución, previo traslado
al solicitante  de  la providencia recurrida por el plazo de
tres (3) días, si el recurso hubiere sido fundado por escri-
to y, en el mismo acto, si lo hubiese sido en audiencia.
   Cuando se tratare de revocatoria de resoluciones dictadas
de oficio o a petición de la misma parte que la reclame, se-
rá resuelta sin sustanciación.

                         CAPÍTULO III
                     Recurso de Apelación

   Art. 78.-  El recurso de Apelación se regirá por las nor-
mas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de Tu-
cumán.

                         CAPÍTULO IV
                    Recurso de Casación

   Art. 79.- El recurso de Casación se regirá por las normas
previstas en  el  Código Procesal Civil y Comercial de Tucu-
mán.

                          TÍTULO VI

                        CAPÍTULO ÚNICO
                   Ejecución de Sentencia

   Art. 80.- Las sentencias que dicte el Tribunal tendrán e-
fecto ejecutorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo de
treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha en
que las mismas queden firmes.

   Art. 81.- Vencido el plazo establecido en el artículo an-
terior, sin que la sentencia haya sido cumplida por la auto-
ridad administrativa,  a pedido de parte se ordenará su eje-
cución directa,  mandando a que el o los funcionarios compe-
tentes, debidamente individualizados, procedan a dar cumpli-
miento con  lo  resuelto,  determinando concretamente lo que
deben hacer y el plazo en que deben realizarlo, bajo aperci-
bimiento de desobediencia judicial.

   Art. 82.- Los funcionarios a quienes se ordene cumplir la
sentencia son  concurrentemente responsables, con la entidad
estatal respectiva,  de  los daños y perjuicios que ocasione
su incumplimiento  o  su irregular cumplimiento. En este su-
puesto, la  acción  de  responsabilidad se tramitará ante el
Tribunal y en proceso ordinario.

                         TÍTULO VII
     Suspensión de Sentencia e Indemnización Sustitutiva

                         CAPÍTULO I
           Suspensión de la Ejecución de Sentencia

   Art.83.- Dentro  de  los  cinco (5) días de notificada la
sentencia, la  administración  podrá solicitar la suspensión
de su ejecución, con la declaración de estar dispuesta a in-
demnizar los  daños  y  perjuicios  que la suspensión cause,
siempre que se alegue fundadamente que la sentencia:
         1. Provoca la  supresión o afectación prolongada de
            un servicio público.
         2. Provoca graves inconvenientes al tesoro público,
            por la  magnitud de la  suma que debe  abonarse,
            caso en el cual el  Tribunal debe establecer  el
            pago por cuotas, con intereses  legales y dentro
            de un plazo razonable.

                         CAPÍTULO II
                  Indemnización Sustitutiva

   Art. 84.- En el mismo plazo indicado en el artículo ante-
rior, la administración podrá solicitar la sustitución de la
ejecución de sentencia, cuando su cumplimiento pueda suplir-
se por el pago de una indemnización y siempre que no esté en
contradicción con el ordenamiento jurídico o que la sustitu-
ción desvirtúe  o  transgreda  expresas garantías o derechos
consagrados en la Constitución Nacional o Provincial.

                        CAPÍTULO III
                       Normas Comunes

   Art. 85.- En los supuestos de los dos (2) artículos ante-
riores, para  que la petición sea procesalmente idónea, será
necesario acompañar  copia auténtica de la resolución, debi-
damente fundada  del  Ministro  competente en la materia que
trate la cuestión.

   Art. 86.- Juntamente con el pedido de suspensión o susti-
tución, se ofrecerá toda la prueba de la que intente valerse
el peticionante.  De ello  se correrá traslado por cinco (5)
días a  la contraria, quien, en el supuesto de no allanarse,
deberá ofrecer  en  su contestación, la prueba que haga a su
derecho.

   Art. 87.- Contestado el traslado, se fijará audiencia pa-
ra dentro  de  los  diez  (10) días, a fin de que las partes
produzcan y aleguen sobre las pruebas.
   Antes o después de la audiencia, se podrán dictar las me-
didas para mejor proveer que se consideren necesarias.
   La resolución  que decida la cuestión será dictada dentro
de los  diez (10) días de celebrada la audiencia o cumplidas
las medidas para mejor proveer.
   Si se resolviese la suspensión o, en su caso, la sustitu-
ción, el  Tribunal  fijará  el  plazo máximo de aquélla o el
monto de la indemnización, según corresponda.
   Las indemnizaciones  que  se determinen por aplicación de
los artículos  83  y 84, deberán abonarse dentro de un plazo
no mayor de sesenta (60) días de la notificación, bajo aper-
cibimiento de  quedar sin efecto la suspensión o sustitución
acordadas.

   Art. 88.-  Las  costas que irrogue el trámite previsto en
el presente título, serán siempre  a cargo de la peticionan-
te.

                        TÍTULO VIII

                      CAPÍTULO ÚNICO
                   Disposiciones Varias

   Art. 89.- Son aplicables a los procesos reglados por este
código, analógica  y supletoriamente, las disposiciones con-
tenidas en el Código Procesal Civil y Comercial.

   Art. 90.- Quedan sin efecto todos los plazos de caducidad
contenidos en leyes administrativas, siendo de aplicación lo
dispuesto en el artículo 9º y siguientes.

   Art. 91.-  En  todos los casos en que este Código otorgue
plazos más  amplios para la realización de actos procesales,
se aplicarán estos, aún a los juicios anteriores a su entra-
da en vigencia.

   Art. 92.- Comuníquese.-

__________

- Texto consolidado con Leyes Nº 6242, 6282, 6944 y 7790.-