La Legislatura  de  la Provincia de Tucumán, sanciona con
fuerza de 


                          L E Y :



        DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL
                 DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN


                          TITULO I
             Normas Generales de Implementación


   Artículo 1°.- ENTRADA   EN   VIGENCIA.  El  nuevo  Código
Procesal   Penal  de  la  Provincia  de  Tucumán  entrará en
vigencia en  todo  el  territorio  provincial,  el día 1° de
Septiembre de 2017, de acuerdo a las disposiciones de la ley
especial que  se  dicte, de  conformidad con los principios,
reglas y condiciones establecidas en la presente Ley.

   A partir  de  la entrada en vigencia progresiva del nuevo
Código Procesal  Penal  de la Provincia de Tucumán, quedarán
sin efecto  todas las disposiciones legales y reglamentarias
que se  opusieren en forma total o parcial a las previsiones
de la presente Ley o que obstaculizaren su cumplimiento.

   Art. 2°.- REGLA  GENERAL. PROGRESIVIDAD Y GRADUALIDAD. El
nuevo  Código  Procesal  Penal  de  la  Provincia de Tucumán
podrá implementarse  en  forma  progresiva  y  gradual,  por
Centro Judicial, hasta el plazo previsto en el Art. 1°.

   El nuevo  sistema  iniciará con carga de trabajo cero, se
aplicará exclusivamente  a  los  hechos que ocurran a partir
del día  de   su  entrada  en  vigencia,  en  el  territorio
respectivo. 

   Art. 3°.- AUTORIDAD  DE  APLICACION.  La Corte Suprema de
Justicia de Tucumán será Autoridad de Aplicación a los fines
de  la  implementación  del  Código  Procesal  Penal  de  la
Provincia de Tucumán. 

   Art. 4°.- COMISION   ESPECIAL    INTERINSTITUCIONAL    DE
MONITOREO   E  IMPLEMENTACION.   Créase la Comisión Especial
Interinstitucional de  Implementación y Monitoreo, integrada
de igual  forma  que  la  Comisión  Especial  de Estudio del
Código Procesal  Penal  de  Tucumán creada por Resolución N°
33/2013, de fecha 04/07/2013, de la Honorable Legislatura de
Tucumán. 

   La Comisión Especial Interinstitucional de Implementación
y Monitoreo, tendrá las siguientes funciones:

       a) Asistir y asesorar a la Corte  Suprema de Justicia
y  monitorear  la  implementación  del Código Procesal Penal
de Tucumán. 

       b) Elaborar  los  anteproyectos  de leyes  necesarios
para  el  rediseño,  reingeniería  y/o   adecuación  de  las
estructuras judiciales,  tanto    orgánicas   como  físicas,
incluyendo la  creación de cargos y oficinas necesarias para
la implementación  del  nuevo  Código  Procesal  Penal de la
Provincia de  Tucumán,  en  un plazo no mayor a 90 (noventa)
días desde su conformación; 

       c) Elaborar  el  cronograma  para  la  implementación
gradual  y  progresiva  del  nuevo  Código Procesal Penal de
la Provincia de Tucumán, cuando así se resolviere;

       d) Coordinar   las  actividades  interinstitucionales
necesarias  para  la   puesta   en   marcha  de  las  nuevas
estructuras organizacionales que se crearen;

       e) Diseñar  propuestas  de  readecuación edilicia, de
recursos  y  de    personal,   y   criterios   flexibles  de
asignación   y  distribución  de las unidades judiciales, en
razón de  los  requerimientos  del proceso de implementación
del nuevo  Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán,
y elevarlas a la Autoridad de Aplicación;

       f) Promover   la   celebración    de   convenios   de
asistencia  técnica  y  cooperación con entidades públicas o
privadas,  nacionales  o  internacionales   expertas  en  la
materia y/o de asesores expertos de reconocida trayectoria y
experiencia, en  materia  de  implementación  de reformas  y
capacitación; 

       g) Garantizar  el  acceso a la  información sobre los
avances del proceso de implementación.

   Art. 5°.- SECRETARIA   TECNICA.    La  Comisión  Especial
Interinstitucional de  Monitoreo  e Implementación del nuevo
Código Procesal  Penal  de  la  Provincia  de  Tucumán podrá
contar con  una  Secretaría  Técnica  integrada por tres (3)
profesionales universitarios,  que  serán  designados por la
Corte Suprema  de  Justicia  de  Tucumán  a  propuesta de la
Comisión. 

   La Secretaría Técnica coordinará y asistirá a los equipos
de  trabajo  o  subcomisiones   que  se   integren  para  el
tratamiento de los asuntos específicos que se le encomiende.


                          TITULO 2
 Principios y Reglas Generales aplicables a la Organización
                          Judicial


                         CAPITULO 1
                      Judicatura Penal

   Art. 6°.- REORGANIZACION        JURISDICCIONAL.        La
reorganización   de  la  Judicatura  Penal  se  adecuará  de
acuerdo a  una  ley  especial  que  se  dictará  al  efecto,
conforme  a los siguientes principios y reglas generales:

       1. Actividad  Jurisdiccional. Se  organizará a través 
de  Tribunales   Colegiados  o  Unipersonales  y  cada  juez
ejercerá las  distintas  funciones  que  el  Código Procesal
Penal de  la  Provincia  de  Tucumán  le  asigna  al  órgano
jurisdiccional que  le  corresponde  integrar  conforme a la
Ley. 
       2. Colegio  de  jueces y oficina de gestión judicial. 
La  Ley   Orgánica   de   la   Justicia   Penal  de  Tucumán
organizará   los  Colegios de Jueces previstos por el Código
Procesal Penal  de  la  Provincia de Tucumán, que se regirán
por los  principios    de   flexibilidad  de  su  estructura
organizativa y  de  rotación  de todos sus integrantes. Cada
Colegio de  Jueces  elegirá anualmente a uno de sus miembros
para cumplir  la  función  de  juez coordinador encargado de
ejecutar, en  lo  pertinente, las decisiones del Plenario de
Jueces Colegiados,  correspondientes  a  su  Colegio;  y las
demás funciones que se le fijen al efecto.
       3. Oficina  de   Gestión  de  Audiencias. Las  tareas
administrativas  referidas  al  apoyo  y  a  la actuación de
los   tribunales,  estarán  exclusivamente  a  cargo  de las
oficinas de gestión de audiencias especializadas, encargadas
de desarrollar  la actividad administrativa  de los Colegios
de Jueces,  y    le    estará    vedado    realizar   tareas
jurisdiccionales. Se  conformarán  como  una organización de
carácter instrumental,  de  soporte  y  apoyo a la actividad
jurisdiccional, sustentada  en  los principios de jerarquía,
división de  funciones,  coordinación y control y funcionará
con criterios  de    agilidad,  desformalización,  eficacia,
eficiencia, racionalidad del trabajo, responsabilidad por la
gestión, coordinación y cooperación  entre administraciones,
a fin de brindar un acceso jurisdiccional eficaz. Su diseño
será flexible. 
       4. Distribución  territorial  de  la  Justicia  Penal
Provincial. La   organización  territorial  de  la  Justicia
Penal   de la Provincia de Tucumán se ajustará a la división
territorial prevista  en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
salvo disposición legal expresa en contrario.
       5. Causas en trámite. Las causas que se encuentran en
trámite  ante  los  órganos  de la Justicia Provincial o que
se   correspondan  a  hechos cometidos con anterioridad a la
entrada en  vigencia  del  nuevo Código Procesal Penal de la
Provincia de  Tucumán  se sustanciarán y terminarán mediante
la aplicación  de    la   Ley  Provincial  N°  6203,  y  sus
modificatorias, y  el sistema conclusivo de causas que a tal
fin reglamentará la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
       6. Funcionarios,  empleados  y  magistrados. Derechos
adquiridos. La  implementación  del  nuevo  Código  Procesal
Penal de  la  Provincia  de Tucumán no afectará los derechos
adquiridos por  los   funcionarios  y  empleados  del  Poder
Judicial de  la  Provincia  de  Tucumán  ni  del  Ministerio
Público Fiscal. 
       7. Adecuación   de  funciones. La  Corte  Suprema  de 
Justicia  de  la  Provincia de  Tucumán y el Ministro Fiscal
deberán instrumentar mecanismos para la  readecuación de las
funciones  de los funcionarios y empleados de las oficinas y
unidades  judiciales  involucradas  en la implementación del
nuevo Código  Procesal  Penal  de  la  Provincia de Tucumán,
pudiendo integrar  equipos  de  asistencia  a  los  jueces u
oficinas de gestión de audiencia  o unidades funcionales del
Ministerio Público,  teniendo   en  cuenta  sus antecedentes
profesionales y especialización.
       8. Traspaso  a  otros  organismos. Los funcionarios y
empleados  de  las  actuales  unidades u oficinas judiciales
vinculadas a  la  implementación  del  nuevo Código Procesal
Penal de la Provincia de Tucumán también podrán solicitar su
traspaso  al  Ministerio  Público  Fiscal  o  al  Ministerio
Pupilar y  de    la    Defensa,    de  conformidad  con  las
reglamentaciones que  se dicten a tal efecto, en igualdad de
condiciones. En  todos    los    casos   se  respetarán  sus
jerarquías, antecedentes  profesionales    y    especialidad
técnica. 
       9. Carrera   judicial  y   administrativa.  La  Corte 
Suprema  de  Justicia    de    la    Provincia   de  Tucumán
reglamentará   la    carrera  judicial  en  los  equipos  de
asistentes de  los jueces y la carrera administrativa en las
oficinas de  gestión  de  audiencias  y  de  las  unidades u
oficinas del  Ministerio  Público y del Ministerio Pupilar y
de la  Defensa,  de  conformidad con los principios y reglas
básicas que  rigen    el  servicio  público,  basada  en  la
evaluación objetiva  de los méritos laborales y la formación
continua, como  manera  de  contribuir a un mejor sistema de
justicia penal. 
      10. Programas  de  capacitación. La  Corte  Suprema de
Justicia  de  la   Provincia   de   Tucumán,  el  Ministerio
Público   Fiscal  y  el  Ministerio Pupilar y de la Defensa,
elaborarán programas  de capacitación para jueces, fiscales,
defensores, funcionarios  y   empleados,  para  el  adecuado
funcionamiento del  nuevo    Código  Procesal  Penal  de  la
Provincia de Tucumán. 


                         CAPITULO 2
         Acusación Penal Pública y Defensa Pública

                        SECCION 1°
                  Acusación Penal Pública

   Art. 7°.- MINISTERIO  PUBLICO  FISCAL.  LEY  ESPECIAL. El
Ministerio Público  Fiscal  se  organizará por ley especial,
con una  estructura       descentralizada,    desconcentrada
territorialmente,     con      independencia      funcional, 
administrativa y  financiera  para  el  cumplimiento  de sus
funciones y  misiones      específicas.    A    los    fines
presupuestarios se  constituirá    como    una    unidad  de
organización separada  dentro   del  presupuesto  del  Poder
Judicial. 

   Art. 8°.-   PRINCIPIOS    Y  REGLAS  ESPECIALES  PARA  SU
ORGANIZACION. El     Organo    de    Acusación   Pública  se
integrará por  ley   especial  con  el  Ministro Fiscal, que
tendrá a  su  cargo  la    representación,      dirección  y
coordinación   del  Ministerio Público  Fiscal   y  será  su
máxima   autoridad,  responsable  de    su     organización,
supervisión     y   buen funcionamiento; el  Fiscal General,
los Fiscales  Regionales,  los  Fiscales    en  lo  Penal  y
demás     funcionarios    Fiscales    Adjuntos,     oficinas
descentralizadas   y  órganos   administrativos  de  apoyo a
la gestión. 

   Por ley  especial, se fijarán sus principios de actuación
y   organización,   conforme  a  criterios  de  objetividad,
respeto por  los    derechos   humanos,  orientación  a  las
víctimas, gestión  de    los    conflictos,   transparencia,
eficiencia y desformalización, accesibilidad a la justicia y
tutela     judicial    de    las     víctimas,    gratuidad,
responsabilidad, unidad  de     actuación,    ausencia    de
privilegios personales,  flexibilidad   de  los  modelos  de
organización y gestión, especialización y trabajo en equipo,
capacitación continua y calidad en la atención al público.


                        SECCION 2°
                      Defensa Pública

   Art. 9°.- DEFENSA  PUBLICA.  LEY  ESPECIAL. El Ministerio
Pupilar y de la Defensa se organizará por ley especial, bajo
la  jefatura  directa  e  inmediata  de  un  Ministro  de la
Defensa Pública,  con    funciones   exclusivas  de  defensa
pública,  descentralizado,  desconcentrado territorialmente,
con independencia  funcional,  administrativa  y  financiera
para el  cumplimiento    de    sus    funciones  y  misiones
específicas. A los fines presupuestarios se constituirá como
una unidad  de organización  separada dentro del presupuesto
del Poder Judicial." 

   Art. 10.- PRINCIPIOS   Y    REGLAS   ESPECIALES  PARA  SU
ORGANIZACION. 
         1. Independencia  funcional. La   Defensa   Pública
ejercerá  sus   funciones  sin   sujeción  a  directivas que
emanen   de  órganos  ajenos  a  su  estructura y actuará en
coordinación con  otros   organismos  gubernamentales  y  no
gubernamentales involucrados  en  la defensa de los derechos
individuales de las personas. 
         2. Organización. La  ley  especial  establecerá  la
misión  institucional  de  la Defensa Pública y la gratuidad
de  sus prestaciones en los casos que correspondiere.
Cuando corresponda  la  percepción de honorarios devengados,
ellos   ingresarán    a  una  cuenta  especial  del  órgano,
destinada al  mejoramiento de la calidad de las prestaciones
del Ministerio Pupilar y de la Defensa.
   Se organizará  conforme    a    los   principios  de:  a)
Independencia   funcional, no pudiendo recibir influencias o
presiones externas a la Defensa Penal Pública o provenientes
de  las  autoridades    del  mismo,  en  tanto  excedan  las
facultades acordadas  por la ley respectiva; b) Flexibilidad
en los  modelos  de  organización y gestión; c) Eficiencia y
desformalización; d) Especialización y trabajo en equipo; e)
Responsabilidad diferenciada;  f) Capacitación  continua; g)
Calidad en la atención al público.
         3. Actuación. Los  principios  de  actuación de los
miembros de  la Defensa Penal Pública  se  establecerán  por
la   ley  especial  que  se  dicte  al efecto, y se ejercerá
conforme al interés predominante de las personas defendidas,
probidad y  actuación    estratégica,    según    intereses
prioritarios que  guían  la  asignación  de  sus  recursos y
transparencia. 
         4. Funciones    principales. Las    funciones    se
establecerán  con  la  finalidad  de  garantizar una defensa
técnica de  calidad,  orientada  prioritariamente a aquellas
personas que  por  carecer  de  medios  económicos no puedan
designar a  una  defensora o un  defensor  de  su confianza;
promover  la  vigencia  efectiva  de  los  Derechos Humanos;
construir estrategias  generales  de  política institucional
con el  objeto  de garantizar el resguardo de la vigencia de
las garantías procesales establecidas por las Constituciones
Nacional y  Provincial    y    las  leyes   dictadas  en  su
consecuencia; defender la utilización subsidiaria y racional
de las  penas  por  parte  de  los  órganos encargados de la
administración de  la    Política  Criminal  Estatal;  tomar
acciones en  el   marco  de  sus  fines  para  potenciar  la
utilización de  medios   no  adversariales  de  solución  de
conflictos penales, como la reparación, la conciliación y la
mediación;  promover  la    cooperación    local,  regional,
nacional e internacional para la protección y defensa de los
Derechos Humanos,  especialmente  aquellos amenazados por la
persecución   penal;  inspeccionar     periódicamente    los
establecimientos en  que  se  mantengan personas sometidas a
encierro, con  el  objeto de evaluar su estado general y las
condiciones de  respeto  de  los  derechos  de  las personas
mantenidas en  cautiverio;  e informar públicamente sobre la
gestión realizada en el año anterior.
         5. Integración. El  Ministerio  Pupilar   y  de  la
Defensa  se  integrará   con  un  Ministro  de  la   Defensa
Pública,   que    representará,  dirigirá  y  coordinará  al
Ministerio Pupilar  y   de  la  Defensa  y  será  su  máxima
autoridad, responsable  de  su  organización,  supervisión y
buen funcionamiento;  por  un  Defensor  General, Defensores
Regionales, Defensores  en  lo  Civil  y Comercial, Laboral,
Penal, de  Menores    e    Incapaces  y  demás  funcionarios
defensores adjuntos,  oficinas   del  Ministerio  y  órganos
administrativos de  apoyo  a  la gestión, que se establezcan
mediante ley  especial. Por ley especial se determinarán los
demás integrantes del Ministerio Pupilar y de la Defensa, en
sus distintas especialidades. 
         6. Sistema   para    contratación   de   defensores 
privados. Por  ley   especial   se   creará  un  Sistema  de
Prestadores de  Servicios de Defensa Técnica Privada, con el
fin de facilitar la posibilidad de contratar a un abogado de
confianza a personas con capacidad económica limitada.

   Art. 11.- Disposición  Transitoria: El Ministerio Público
mantendrá  la  integración,    funciones,    atribuciones  y
competencias que  le otorga la Ley N° 6238 (Ley Orgánica del
Poder Judicial)  y  leyes  complementarias,  hasta  tanto se
dicten las  leyes   especiales  a  que  hace  referencia  la
presente Ley. 

   Art. 12.- Comuníquese.  
   Dada en  la Sala de Sesiones de la  Honorable Legislatura
de la  Provincia  de Tucumán, a  los  veinte días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.